Denunció el Regidor del PVEM, Alejandro Javier Alejandro Silva Sandoval
Por Antonio Franco
Reynosa, Tam.- Las cuotas escolares que se exigen en las escuelas públicas lesionan la economía de las familias, sobre todo de las amas de casa que tienen no uno sino varios hijos en las instituciones educativas, y cuyo gasto escolar les quita los recursos para comprar la despensa, denunció hoy el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Javier Alejandro Silva Sandoval.
También presidente del Comité Directivo Municipal del PVEM, destacó que este instituto político no descansara hasta que sean anuladas las cuotas escolares, y que se estará trabajando no solo a nivel municipal y en coordinación con el Congreso del Estado y el Comité Ejecutivo Nacional de esta organización política para evitar que se siga deteriorando la economía de las familias reynosenses y de Tamaulipas, así como a nivel nacional.
Las cuotas lesionan mucho la economía familiar, por ello en el Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos totalmente en contra de estos cobros escolares que son ilegales, sentenció.
Buscaremos por todos los medios que las cuotas escolares sean anuladas porque no se justifican, y en realidad si afectan a las madres de familias que tienen varios hijos en las escuelas públicas, por lo que este cobro ilegal se multiplica, y en estas condiciones no hay suficientes recursos para cubrir esta exigencia en las escuelas, enfatizó.
Explicó que en la mayoría de las ocasiones en las escuelas señalan que hay necesidades escolares, pero que en muchas ocasiones estas son ficticias, porque las autoridades tienen un presupuesto a nivel de la Secretaria de Educación Pública del gobierno federal.
Por esta razón, dijo, vamos a seguir insistiendo en que estas cuotas desaparezcan totalmente de las escuelas públicas.
Hasta ahora son los directores de las escuelas quienes utilizan a las asociaciones de padres de familia para exigir cada año las cuotas escolares por concepto de inscripción, y para gastos extraordinarios, lesionando en mucho la desgastada y deteriorada economía de la comunidad escolar, es decir de los padres y madres de familia, por lo que se espera que efectivamente sean anulados estos cobros ilegales.